DERECHO A LA VIVIENDA

Programa de Ekarrekin Podemos (descargar)

El derecho a la vivienda es un derecho esencial para garantizar la vida digna de las personas. Sin embargo, es uno de los derechos sociales en los que se constata que no sólo no se ha avanzado en su universalización, sino que se ha retrocedido, siendo la situación de la vivienda un buen indicador del nivel de bienestar social.

La vivienda sigue siendo un negocio y no un derecho, a pesar de la aprobación este año, de la Ley Vasca de Vivienda. Ha sido objeto de especulación de una manera sangrante y, esa especulación es la gran culpable de la situación económica de crisis con las dolorosas consecuencias que, para la población, ha tenido el famoso “pinchazo” de la burbuja inmobiliaria.

Según la encuesta de necesidades y demanda de vivienda realizada por el Órgano Estadístico del Departamento de Empleo y Políticas Sociales en el año 2015, vemos cómo los datos indican la necesidad de profundizar en un cambio de paradigma respecto a las políticas públicas de vivienda en la CAPV:

En 2015 aumenta el número de personas con ingresos propios con necesidad de acceso a la primera vivienda, pero sólo uno de cada cinco considera que posee ingresos suficientes para poder afrontar la necesidad de acceso. Las situaciones de necesidad de acceso a la primera vivienda llegan a afectar a 104.176 personas si se consideran las que manifiestan la necesidad de emancipación pero que, en el momento de la realización de la encuesta, no disponían de ninguna renta ni ingresos propios (31.340 personas).

Este colectivo de 104.176 personas supone un 37,1% de las 281.082 personas entre 18 y 44 años que conviven con progenitores o tutores. La proporción se reduce al 14,3% si se considera al conjunto de la población de la CAPV entre 18 y 44 años. De ellas, 72.836 disponen de ingresos o rentas propias para pensar en financiar este proceso de acceso a la vivienda. Respecto a 2013, esta cifra se incrementa en un 11,5%.

En lo que respecto al factor género, entre la población con ingresos y rentas propias, se detecta una necesidad algo mayor de emancipación entre la población femenina de 18 a 44 años (48,4% frente a 45,9% entre los hombres).

Analizando otro tipo de datos sobre la realidad del mercado de la vivienda vasca, vemos como, ocho de cada cien viviendas construidas en Euskadi están vacías, calculando que, la mitad podría destinarse al alquiler social, lo cual supone casi 36.000 viviendas alquilables. Un último dato importante es el de las viviendas que se considera necesitan rehabilitación, unas 58.000, en total casi 95.000 viviendas sobre las que se puede hacer algún tipo de intervención individual sin necesidad de realizar nueva construcción.

Por otro lado, en Euskadi hubo 625 ejecuciones hipotecarias en el año 2015, de las cuales 300 eran viviendas, la mayoría usadas (291). Si bien los datos nuevamente son mejores que en otras comunidades autónomas del estado, en Euskadi las ejecuciones hipotecarias aumentaron un 14,8%, al pasar de 176 a 202, según datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Ante esta realidad, en Elkarrekin Podemos nos planteamos una política de vivienda que parta de asumir radicalmente su concepción como un derecho que ha de ser garantizado a la ciudadanía pero que vaya más allá del planteamiento que hace la ley 3/2015 que deja fuera a las personas más vulnerables.

Así, proponemos medidas en las siguientes líneas que tienen que ver con los objetivos de trabajo:

 

Políticas de vivienda al servicio de las personas.

Impulsaremos la creación de un sistema público de vivienda en alquiler accesible (cuyo coste no supere en ningún caso el 30% de los ingresos), efectivo y garantista.

Reformaremos la Ley de Vivienda actual al objeto de hacer realmente efectivo el acceso al derecho a la vivienda a todas las personas.

Reformaremos la Ley Vasca de Suelo y Urbanismo como plataforma fundamental para crear el sistema que necesitamos.

Diseñaremos una política de vivienda de protección oficial orientada de forma exclusiva al alquiler. Entendemos que la venta debe salir del rango de la protección oficial en orden a diseñar una política de vivienda sostenible y orientada a la cobertura de las necesidades de las personas.

Impulsaremos políticamente el procedimiento de puesta en uso de solares y edificios mal conservados a través del registro de solares y ruinas y los procedimientos de expropiación y subasta en casos de abandono continuado del deber de mantenimiento y de rehabilitación.

Impulso a las políticas de cooperativas de viviendas en alquiler y en cesión de uso de propiedad.

Impulso de la rehabilitación integral de aquellos barrios más vulnerables urbanísticamente.

Consideración específica de las familias monoparentales como colectivos beneficiarios de ayudas al alquiler con prioridad en el acceso a viviendas protegidas.

 

Medidas de emergencia.

Reforma del Sistema de Vasco de Vivienda - Etxebide, al objeto de paralizar la emergencia social en torno a la vivienda y dar cobertura a las personas. Constitución de una red de coordinación interadministrativa que permita que las competencias vascas en vivienda sigan una estrategia común y tenga unos objetivos claros, además de canales de coordinación que permitan una mayor efectividad en la prestación de los servicios. Creación de un censo de viviendas vacías en la CAPV, aunando criterios sobre el concepto de vivienda vacía y potenciando la mencionada coordinación interadministrativa, así como realizando una defensa activa de medidas planteadas en este sentido que son competencia de la Comunidad Autónoma. Reconversión de la vivienda disponible en régimen de venta en el parque público en vivienda en alquiler.

Puesta en marcha de medidas de movilización del parque de vivienda vacía con atención a la normativa vigente y al régimen competencial.

Ampliación, simplificación y mayor difusión de información de las prestaciones para la rehabilitación de viviendas, tanto de elementos comunes como particulares.

Paralización de todos los procesos en marcha de enajenación del patrimonio público de vivienda y suelo.

Impulso de medidas orientadas a la paralización de los desahucios, especialmente en viviendas de titularidad pública.

Garantía de alternativa habitacional a través de los servicios públicos para las personas que se ven obligadas a abandonar su vivienda por imposibilidad de pago.

Revisión de los criterios de acceso al Servicio Vasco de Vivienda- Etxebide, de cara a garantizar el acceso de todas las personas con necesidades de vivienda independientemente de los medios de vida y su situación administrativa.

Garantizaremos la universalidad y el ejercicio efectivo del derecho a la Prestación Económica de Vivienda recogida en la ley de vivienda de Euskadi, equiparando los requisitos a la percepción de RGI y garantizando que acceden a ella las personas que lo precisan. En todo caso, priorizaremos políticas que garanticen el acceso a las viviendas por encima de las prestaciones económicas.

Revisión de la normativa reguladora del Servicio Vasco de Vivienda- Etxebide, de cara a garantizar el cumplimiento Ley Procedimiento Administrativo y las recomendaciones del Ararteko.

Protección de los niños y niñas frente a desahucios y desalojos: considerar como circunstancia familiar de especial vulnerabilidad a la unidad familiar monoparental a partir de un hijo, aumentando su protección frente a los desahucios; favorecer que puedan reestructurar su deuda hipotecaria prioritariamente; y ampliar la protección de las niñas vulnerables en términos de realojo, asegurando una alternativa habitacional digna antes de proceder al desalojo.