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ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

Programa de Elkarrekin Podemos (descargar)

El cambio climático es uno de los grandes retos a los que se enfrenta nuestra sociedad. El Panel de Expertos de las Naciones Unidas para el Cambio Climático lleva años advirtiendo de que el aumento de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEIs) debido a la actividad humana está provocando un aumento notable de la temperatura media del planeta. Este calentamiento global, indican los expertos, va a desembocar en un cambio climático extremo que se traducirá en un mayor número de fenómenos climáticos violentos (tormentas, sequías, inundaciones), en un aumento del nivel del mar, en la pérdida de biodiversidad, en crisis humanitarias y económicas y en el aumento de los refugiados climáticos debido a la falta de alimentos y agua.

El CO2, el principal gas emitido entre los GEIs, se origina sobre todo mediante la quema de combustibles fósiles, aunque también se genera en otros muchos procesos industriales y productivos. Aún así, no podemos perder de vista otros gases como el metano, muy relacionado con la ganadería intensiva y la extracción de gas natural, los óxidos de nitrógeno, relacionados con el uso de motores Diesel, los fertilizantes químicos, o los gases fluorados como los HFCs, que a pesar de tener una presencia mucho menor tienen un efecto entre 5.000 y 10.000 veces superior al del CO2 y una permanencia de decenas de miles de años en la atmósfera.

El reciente Acuerdo de París, resultado de la cumbre COP21, propone recortar las emisiones de GEIs con el objeto de evitar un aumento de la temperatura de 2ºC , o si es posible de 1,5ºC, respecto a los niveles preindustriales. Para ello, se insta a los países firmantes a adquirir compromisos de recorte de emisiones cada vez más exigentes. En concreto, la Unión Europea (UE) se ha comprometido a reducir sus emisiones de GEIs para el año 2030 en un 40% respecto los niveles de 1990.

El compromiso adquirido por la UE debe ser entendido como un mínimo a cumplir en los próximos años, con el objetivo de llegar a 2050 con una economía prácticamente descarbonizada y con un recorte de emisiones de al menos el 80% con respecto a 1990. Además, este compromiso tiene que ser asumido en todos los niveles. Así, en la propia Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE) estamos obligados a alcanzar o incluso superar dichos objetivos.

En Euskadi, analizando los datos de 2013, el 91% de las emisiones de GEIs están relacionadas con el uso de la energía, el 4% con la Agricultura y el 5% con la Gestión de Residuos. Dividiendo los usos energéticos, el 35% corresponde con la transformación de energía, el 22% a la industria, el 28% al transporte y el 7% al sector residencial y servicios. Desde 1990, el transporte ha duplicado sus emisiones y el sector residencial las ha aumentado en un 50%, mientras que la industria prácticamente las ha reducido a la mitad y la agricultura en un tercio. Así, el nivel total de emisiones desde 1990 se ha reducido en un 10%, dato superior a la media del estado pero todavía alejado de la tendencia registrada en la UE.

Urge por lo tanto una ley de acción contra el cambio climático que nos permita cumplir e incluso superar los compromisos de la UE para la próxima década y que sitúe a Euskadi como referente en el recorte de emisiones y en la necesaria transición hacia una economía baja en carbono. Además, ante el gran peso que tiene el uso de la energía en las emisiones de GEIs, es necesario emprender un Plan de Transición Energética en la CAPV que cumpla con los siguientes objetivos: frenar el cambio climático, acabar con la pobreza energética y reducir la dependencia energética de Euskadi. Además este Plan de Transición Energética debe posibilitar el cambio hacia un nuevo modelo basado en el ahorro, la eficiencia y en la democratización de las energías renovables distribuidas en manos de la ciudadanía.

Es necesario actuar también en materia de desigualdad en el acceso a la energía, para desterrar este problema de nuestra sociedad. Se establecerá por lo tanto un sistema de alerta para que se avise a los servicios sociales ante cualquier amenaza de corte de suministro energético o agua. Se implementarán bonos sociales solidarios que garanticen el acceso a los suministros de gas, electricidad y agua de los hogares en función de las rentas de la unidad convivencial. Desde Gobierno Vasco se intermediará ante las empresas suministradoras para evitar los cortes en hogares por causas de impagos debidos a la situación económica de las unidades convivenciales. Se fijará un mínimo vital de consumo por núcleo convivencial, para asegurar el acceso a los recursos energéticos para toda la sociedad.