SALUD PÚBLICA Y SERVICIO VASCO DE SALUD

Mejoraremos la financiación de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, aumentando su financiación con, al menos, el 1% del PIB de Euskadi a lo largo de la próxima legislatura.

Entendemos la Salud como servicio público básico que, por tanto, debe ser protegida y promovida desde las instituciones mediante una financiación adecuada y un control eficiente del gasto, dedicando especial atención a aquellos tratamientos que, por su costo y repercusión social, supongan un reto (como los nuevos antivirales para el tratamiento de la Hepatitis C) La caída del gasto sanitario durante la presente crisis no se ha producido por igual en la sanidad pública y en el sector privado. Es un hecho que, en los últimos años, la sanidad privada crece de manera suave pero incontestable, mientras que la sanidad pública cae de forma llamativa, tanto en su financiación como en su disponibilidad de recursos, por los recortes económicos producidos a partir del 2010.

La posible falta de respuesta de la sanidad pública empujará, a quien pueda permitírselo, a buscar en el sector privado la cobertura de sus necesidades surgidas de la descapitalización del sector público, de la insuficiente protección social -debido a los recortes- y del déficit público. En otras palabras, la crisis y los recortes están teniendo consecuencias negativas en la actividad de la sanidad pública, incrementado las listas de espera, paralizando los presupuestos y recursos de la Ley 39/2006 de Dependencia, disminuyendo plantillas y recursos, estableciendo copagos (que son -al fin y al cabo- procesos de doble pago) y, finalmente, repercutiendo de manera directa en los bolsillos de las personas más necesitadas. Recordemos que la Ley de Dependencia afecta a más de 1.000.000 personas, mientras se han reducido las prestaciones económicas al cuidado familiar y reducido las horas en los servicios de ayuda a domicilio, entre un 20% y un 60% según las distintas CCAA.

La política sanitaria debe estar encaminada a promover y mantener la calidad del servicio y a fortalecer el sistema público de Salud, con una gestión eficiente de los recursos públicos y contrarrestando otros modelos basados en la externalización y privatización de servicios. Contrarrestaremos los efectos del Real Decreto 16 / 2012, de 20 de abril, mediante el cual se destruyó la universalidad de la asistencia sanitaria en el Estado, hasta su derogación.

El gasto sanitario público en el Estado y en la Comunidad Vasca es inferior a la media europea. La presión fiscal en el Estado a las grandes empresas y fortunas, es de las más bajas de Europa. El fraude fiscal se estima que es un 25% del PIB y se destinan mínimos recursos a combatirlo. 

La industria farmacéutica tiene excesiva influencia sobre nuestros gestores y profesionales lo que lleva a una sobreprescripción de fármacos y tecnologías. Esto supone un alto gasto farmacéutico que se puede optimizar de forma importante.

Los servicios privatizados son más costosos que los públicos y siempre con un importante deterioro en la calidad. Los copagos han supuesto un mayor gasto en vez de ahorro debido al coste de su gestión que ha superado al objetivo de ahorro. La atención primaria generalmente es más resolutiva y menos costosa que la atención hospitalaria. Es preciso aumentar el apoyo en recursos que la haga más autónoma. La optimización de los anteriores aspectos nos dará los recursos necesarios para un sistema sanitario público de calidad y con suficiente financiación.

Plan de Reversión al Sistema Público de los Servicios Privatizados: Pondremos en marcha un Plan de Reversión al Sistema Público de Salud de los Servicios privatizados, y llevaremos a cabo un control exhaustivo del cumplimiento de los contratos, las penalizaciones y los beneficios de las concesionarias. 

Democratización de la salud pública y la atención sanitaria: Los servicios de salud deben estar centrados en el ciudadano: para mejorar su bienestar físico, psíquico y social. Haciéndole protagonista de sus cuidados. Para ello se implementarán nuevas tecnologías de contacto, consulta y participación.

Atención a las mujeres. Salud sexual y reproductiva: Mejoraremos el acceso y la atención relacionada con la Salud Sexual y Reproductiva (SSR).

Pondremos especial atención en la formación del personal sanitario para que tengan capacidad de informar y poner en marcha dichos protocolos, en la medida en que las personas que son atendidas en estos programas (especialmente mujeres inmigrantes y mujeres víctimas de violencia de género) son objeto también de importantes prejuicios sociales.

Esta atención a las mujeres sólo se puede garantizar con un acceso universal a los servicios de salud, en la medida en que parte las destinatarias de estos protocolos de atención a víctimas se encuentran por lo general entre el colectivo que no tiene acceso a la sanidad.

Desmedicalización de la sociedad: Queremos evitar esa “medicalización” a través de la cual problemas no médicos, como emociones, comportamientos o conductas, o situaciones de la vida cotidiana, como la timidez, calvicie, menopausia… se convierten en categorías diagnósticas y se tratan como un problema médico o psicológico, sin serlo. Esta situación es favorecida por el apoyo de la industria farmacéutica que lleva a un consumo innecesario de fármacos y tecnologías para solucionar situaciones habituales de la vida diaria.

Se está dando un cambio cultural que tiene como objetivo el convertir la salud en un negocio. Se transforma la salud en un producto como otros en el imaginario colectivo: un asunto privado sujeto a las leyes de mercado y vulnerable a las estrategias de marketing. Aumenta el número de personas que se definen como enfermas y deben ser tratadas. Se lleva a la población y profesionales sanitarios al convencimiento de que el riesgo cero de enfermedad y la prevención de todo es posible, y se consigue a base de chequeos y cribados. Se manipula la investigación y las publicaciones científicas. Se ocultan datos sobre eficacia o seguridad de medicamentos que podrían comprometer el negocio, aún con riesgo para la salud de las personas. Se compra a profesionales sanitarios con diversos incentivos para que colaboren para sus fines y se medicaliza la vida cotidiana, consiguiendo que nunca nos sintamos bien y siempre nos percibamos en riesgo de enfermar.

Cambio de modelo sanitario orientado a la cronicidad: El actual modelo de atención a agudos no permite asumir los retos que plantea el fenómeno de la cronicidad. El rápido incremento de las enfermedades crónicas experimentado a nivel global, y su previsible evolución en los próximos años, justifica plenamente el cambio de modelo si se quiere dar una respuesta eficaz a la vez que sostenible a las necesidades de las personas con enfermedades crónicas y el envejecimiento, que ejercen la principal presión económica sobre el sistema.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 60% de las muertes que se producen cada día en el mundo están relacionadas con enfermedades de tipo crónico que podrían prevenirse. En cuanto a su impacto sobre los sistemas sanitarios, las enfermedades crónicas llegan a motivar el 80% de las consultas a atención primaria, el 60% de los ingresos hospitalario; en total el 72% del gasto sanitario. Se estima además que el aumento de la prevalencia de las enfermedades crónicas es responsable de dos tercios del aumento del gasto sanitario actual. Los costes de los pacientes con más de una enfermedad crónica, se multiplican por seis respecto a los que sólo presentan una.

Abordar los problemas de salud de forma conjunta entre la atención primaria, especializada y sociosanitaria: Establecimiento de vías fluidas de coordinación y comunicación.

Modelo comunitario de atención a la Salud mental en la Sanidad Pública: Desarrollaremos Políticas de Salud mental integradas que atiendan a las necesidades reales de la población.

Lucharemos por un Plan de Salud Mental con financiación específica. Los presupuestos asignados a la Salud Mental son escasos ya que no es una prioridad en la agenda política a diferencia de otras áreas concretas como lo fueron las drogodependencias en su momento, o el gasto farmacéutico que sí ha despertado el interés político.

Atención a las drogodependencias: Estudiar lo que tiene que ver con el uso de las drogas, valorar su alcance y ofrecer respuestas mediante diferentes estrategias de intervención se realiza siguiendo lo que se ha venido a llamar Modelos Interpretativos que se agrupan en función de la prioridad que demos a cada elemento actuante en la cuestión de las drogas: la persona, la sustancia o el contexto.

En el análisis epidemiológico, las encuestas a población general tienen sus limitaciones para estimar la prevalencia de consumo de estas sustancias pues el acceso a sectores consumidores socialmente marginados puede ser complicado y la precisión de las estimaciones es más baja cuando disminuye mucho dicha prevalencia. Asimismo los diferentes tipos de adicciones tienen distinta conciencia por parte de la población, que tiende a legitimar algunos comportamientos como parte de la costumbre social (uso de alcohol, compras compulsivas, redes sociales, etc.)

Los factores de riesgo y de protección pueden afectar a la infancia y adolescencia, a población adulta y anciana, a hombres y mujeres, durante diferentes etapas de sus vidas. En cada etapa, hay riesgos que se pueden cambiar a través de intervenciones preventivas. Conocer los factores de riesgo y de protección es vital para la prevención de las adicciones, y para desarrollar programas de intervención ajustados a las necesidades de las personas al objeto de trabajar en reforzar dichas características positivas. Los contextos de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social, particularmente en la experiencia migratoria y personas sin hogar, es un eje fundamental a estudiar. No solo existe una vulnerabilidad orgánica y psicológica, también hay una vulnerabilidad sociocultural no menos importante.

Por otro lado, la perspectiva de género nos ayuda a realizar un análisis del uso de drogas por parte de las mujeres que debe ser revisado críticamente para poder visualizar el “paradigma invisible” del trabajo hecho desde lo masculino en la clínica, investigación, prevención.

La Patología dual, supone un fenómeno complejo por la presencia de dos enfermedades: la adicción y el trastorno mental y porque nos encontramos de manera conjunta con las cuestiones propias del estigma: la persona adicta es alguien que eligió tomar drogas, en contraposición al enfermo mental que no ha dependido de sus decisiones.

La Red sanitaria requiere de un Equipo multidisciplinar, siguiendo el modelo bio-psico-social con profesionales sanitarios (psiquiatras, otro personal médico, psicólogos/as, enfermeros/as, trabajadores/as social, educadores/as sociales, terapeutas ocupacionales, auxiliares, celadores/as y personal de seguridad) que precisan de formación tanto en psiquiatría como en adicciones.

La Atención primaria es la puerta de entrada a la Red donde se detecta el caso y se hace diagnóstico diferencial entre abuso vs. dependencia, donde se aplica la Intervención breve en el consumo problemático, tratamiento de la dependencia leve y prevención. La Atención especializada proporciona especialización (adicción y psiquiatría) y contención externa de distinta intensidad (ambulatorio, residencia y hospital).

En materia de drogodependencias, y desde la experiencia acumulada en las últimas dé- cadas, disponemos de certezas claras y manifiestas que pueden ser de gran ayuda para reflexionar y aportar criterios que ayuden a sentar las bases de una política diferente a la actual:

Las drogas y sus diversos usos y consumos, son una parte importante de la humanidad. No se puede acabar con las drogas.

Las drogas no son dañinas de por sí (depende de la cantidad, del uso que se haga, de la situación personal de quien consume, del contexto del consumo, etc.). Su uso no implica necesariamente problemas, aunque ciertos consumos pueden suponer riesgos que sectores de la población (no solo jóvenes) desean experimentar.

Nuestros hábitos sociales, culturales y económicos están inmersos en una sociedad de consumo donde, gran parte de los estímulos se destinan a crear la necesidad de consumir todo tipo de productos, no solo drogas como alcohol, tabaco, café o fármacos. En un contexto de sociedad consumista, la política prohibicionista trata de imponer el NO a las drogas, sin embargo dicha imposición no va dirigida a todas las drogas sino a sustancias incluidas en las Listas de estupefacientes de los Convenios Internacionales, actualmente en revisión.

Con la política prohibicionista, incluso en espacios cerrados y custodiados, las personas que quieren consumir sustancias, lo hacen. La prohibición legal no logra disminuir y menos suprimir el consumo de ‘drogas’.

Los efectos secundarios de la política prohibicionista, relacionados con la salud, lo social, lo económico, lo político, etc. son más devastadores que el propio consumo.

En los usos de algunas sustancias hoy en día consideradas ilegales los riesgos personales principales provienen del propio sistema legal y penal, más que los riesgos para la salud o la forma en que son usadas.

El control internacional prohibicionista respecto a las sustancias denominadas drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas no es algo estático sino un proceso continuo, como comprobamos en los cambios legislativos de la última década.

Las políticas en materia de drogas deben basarse en el respecto de los derechos humanos y en la profundización en los derechos y libertades propios del Estado Social y democrático de Derecho.

La reducción de los riesgos y daños asociados al consumo debe ser “la” política de drogas.

Por el derecho a una muerte digna, potenciaremos un Plan de cuidados paliativos: El eje central será la red de Servicios de Atención Primaria, con el/la médico/a de familia y el/la enfermero/a comunitario/a como ejes de proceso de atención con el apoyo de los servicios de Hospitalización a domicilio y los mismos servicios de Paliativos. Hoy las ciencias de la salud, el conocimiento de la vida y de la muerte, y la ética de los comportamientos humanos, y específicamente, de las y los profesionales sanitarios, se han desarrollado suficientemente, para poder ayudar más a los pacientes a la hora de finalizar la vida. El desarrollo de un Plan de Cuidados paliativos en Euskadi se hace imprescindible. Debiera de ser un Plan que contemple actividades en el domicilio del paciente, en los hospitales generales y en los hospitales de subagudos. Aunque fortalecer el desempeño de los equipos de atención primaria y de los servicios de hospitalización a domicilio debe ser el elemento fundamental de dicho plan. Creemos que es necesario salir de la indefinición jurídica y ética en la que nos encontramos en el tema del denominado suicidio asistido y la eutanasia. Solicitamos la derogación del artículo 143 del Código Penal, que castiga hasta con 6 años de cárcel la ayuda a quien no desea seguir viviendo.