DERECHO A LA SALUD

La actual crisis económica y las medidas de austeridad impuestas han generado un incremento de las desigualdades sociales y de las desigualdades en salud que deben combatirse con políticas decididas que coloquen la salud y el bienestar de las personas como principales objetivos. De igual manera el deterioro de las condiciones de vida y de trabajo está tratando de forma desigual a los distintos grupos sociales, empobreciendo a los sectores más desfavorecidos y manteniendo las rentas o, inclusive aumentándolas, en los grupos sociales más favorecidos de la economía del País. Los niveles de desigualdad en salud son especialmente alarmantes, siendo peligrosos para la cohesión social de nuestro país. Situación desconocida en los últimos años, con el preocupante resultado de la creciente consolidación de esta tendencia. La actual situación social y demográfica indica que habrá más personas en condiciones de vulnerabilidad en lo referente a la salud y más personas de mayor edad, viviendo más años, en condiciones precarias, con necesidad de mayores cuidados profesionales y sanitarios y también con mayores necesidades de protección social.

Consideramos la salud como un derecho y una cuestión transversal a todas las políticas públicas: empleo, vivienda, alimentación, infraestructuras, educación, justicia, infancia, etcétera. Esta visión de la salud como derecho y la sanidad como factor contribuyente a la misma está íntimamente relacionada con el modelo de financiación que perseguimos: una financiación pública, que priorice los pagos públicos procedentes de impuestos progresivos y minimice los pagos privados procedentes del bolsillo de las personas que hacen uso de estos servicios y que las grava con un doble pago.

Asimismo, nuestra apuesta decidida por poner la salud en el centro de todas las políticas públicas, se hace teniendo en cuenta que la gran mayoría de estas políticas actúan sobre alguno de los determinantes sociales de la salud (factores socioeconómicos, medio ambiente, entorno habitable, etc.) que determinan el resultado final de la salud de los individuos y que influyen en la capacidad de éstos para desarrollar unos hábitos de vida u otros. Vamos a trabajar por garantizar una vida digna para las personas, y por consiguiente, una mejor salud. Somos conscientes de que los sistemas de salud sólo funcionan adecuadamente si responden a criterios de universalidad, equidad y solidaridad, transparencia, participación, efectividad y eficiencia, integridad, buenas prácticas, ética y corresponsabilidad, valores todos ellos que queremos impulsar, de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Por ello:

  • Debemos renovar el compromiso con la calidad y accesibilidad del servicio público.
  • Proponemos una cobertura sanitaria universal (y derogación del Decreto 16/2012) incluyendo a todas las personas que viven en Euskadi así como a aquellas personas autóctonas que hayan salido al extranjero más de 90 días, (quienes actualmente pierden el acceso a la cobertura sanitaria universal). Proponemos la concesión de la tarjeta individual sanitaria (TIS) a cualquier ciudadano/a que resida en nuestra Comunidad.
  • Apoyaremos la retirada del RD 954/2015 que regula la prescripción enfermera porque no contempla la realidad de la profesión.

Asimismo, y con el objetivo de atender en igualdad de condiciones a la población inmigrante, planteamos ofertar a profesionales de los servicios de salud, la capacitación en competencias interculturales y concepciones ideológicas de la salud y prevención de la salud, de los cuidados, del tratamiento del cuerpo y concepción de la intimidad de otras culturas, desde una perspectiva socioantropológica.

Queremos caminar desde la cobertura sanitaria universal hacia la cobertura universal en salud, incluyendo cláusulas contra los desabastecimientos energéticos por impagos, desarrollo del derecho a la vivienda, etc. Cuestiones que también influyen de manera importante sobre la salud de la población.