JUSTICIA

Programa de Elkarrekin Podemos (descargar)

JUSTICIA GRATUITA

Además de Ley de tasas judiciales, recientemente declarada inconstitucional, se ha venido poniendo en marcha medidas contrarias al derecho constitucional a la “justicia gratuita”, que en nuestro país se suministra a través de los abogados y abogadas adscritas al denominado Turno de Oficio, en aquellos casos en que los ciudadanos y ciudadanas no disponen de recursos suficientes para garantizar su defensa legal.

El Gobierno vasco desde hace años viene satisfaciendo honorarios claramente insuficientes a los profesionales de la abogacía que desempeñan el turno de oficio, y como si ello fuera poco, demora el pago de esos honorarios de miseria durante muchos meses, lo que constituye una insalvable limitación para la prestación de un servicio en las debidas condiciones de calidad y eficacia. Esta insuficiencia presupuestaria se ha desvelado como una estrategia política tendente al deterioro del sistema de asistencia jurídica gratuita, facilitando el abandono del sistema por los profesionales independientes.

La justicia gratuita es un derecho fundamental que debemos defender. El Turno de Oficio debe garantizarse como un servicio público prestado por la Administración Pública.

 

MEDIACIÓN Y JUSTICIA RESTAURATIVA

Las más avanzadas políticas en materia de Justicia contemplan en general modelos de mediación voluntaria entre las partes litigantes, como alternativa para la resolución de conflictos. Y en el caso del ámbito penal experiencias de “justicia restaurativa”, complementarias o sustitutivas de los modelos habituales de “justicia retributiva”. La retribución es la sanción del delito cometido mediante castigos al delincuente sin obtener nada a cambio la sociedad y en la mayoría de los casos sin obtener reparación efectiva la víctima. El modelo habitual es la sanción de cárcel.

Por el contrario, la justicia Restaurativa es aquella que procura restaurar el daño causado mediante una imposición de sanción al infractor que repercute directa y positivamente bien en la víctima o bien en la sociedad en su conjunto a través de colectivos de víctimas. Sanciones que sustituyen la prisión o la multa económica -incobrable en la mayoría de los casos debido a la insolvencia del penado- por la obligación de desarrollar trabajos comunitarios de índole social o por la obligación de atender a las víctimas de delitos similares, que han resultado seriamente dañadas y afectadas a consecuencia de los mismos.

Ejemplo de ello sería la obligación de trabajar en centros de recuperación de drogodependientes impuesta al pequeño traficante de drogas o la obligación de atender a personas discapacitadas a consecuencia de accidentes de tráfico impuesta al responsable de delitos contra la seguridad vial. Estos mecanismos de justicia restaurativa fijan su objetivo en la reparación o restauración del daño causado a la víctima y a la sociedad, así como en la reeducación social del infractor, alejándose de un modelo de castigo abstracto que no produce resultados positivos para la sociedad ni resocializa la conducta infractora del castigado.

El Gobierno vasco debe jugar un papel esencial en el impulso de mecanismos de mediación entre las partes mediante diálogo y negociación, y de justicia restaurativa al servicio de la reparación.