DERECHO A LA INCLUSIÓN SOCIAL

Sabiendo que la competencia fundamental, que no la única, del Gobierno Vasco en materia de políticas sociales es la de legislar, creemos importante hacer una pequeña descripción sobre el contexto en que nos movemos y sobre el cual, proponemos.

En la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) el Sistema Vasco de Servicios Sociales se rige por la Ley 12/2008 de 5 de Diciembre de Servicios Sociales. Esta ley parte del supuesto de considerar el acceso a los Servicios Sociales como un derecho subjetivo de toda la ciudadanía de la Comunidad Autónoma, constituyéndose como un “un auténtico pilar del Estado del Bienestar, configurándose como un sistema de responsabilidad pública y de cobertura universal, dirigido a toda la población”. Pero la realidad es que no se configura, en la práctica, como tal.

Sobre este punto de partida, la ley aprobada en el año 2008 no ha tenido su desarrollo reglamentario hasta este pasado año 2015, 7 años después. Siendo esto así, 2016 está siendo un revuelo de cambios sobre el panorama de los servicios sociales de la CAPV que se van a ver modificados en lo profundo de su funcionamiento y estructura y que hace complejo realizar una propuesta global para la mejora de un sistema que, en la práctica, es aún propuesta.

Dentro de la mencionada normativa, el Sistema se estructura en una Cartera o Catálogo de servicios sociales primarios (de acceso universal-para toda la población) y secundarios (de acceso en función de la problemática y/o requisitos que se deben cumplir). El acceso a cualquiera de los servicios secundarios, viene determinado por el paso previo de una valoración sobre el grado de exclusión social y/o dependencia (según la demanda) que presenta la persona.

El objetivo final de esto, en el marco de la normativa vigente, es que se parta de un concepto de valoración común tanto de la exclusión social como de la dependencia. La aplicación de estas medidas, en la práctica, está suponiendo desigualdad en los territorios, caos en la gestión, previsión y provisión de servicios sociales para todos los agentes que intervienen en él y, especialmente para las personas beneficiarias del sistema.

Los servicios y recursos del Sistema, se dividen en prestaciones de carácter técnico, tecnológico y económico. El acceso a cualquiera de los servicios sociales, es siempre a través de los servicios sociales municipales de base. Existen, en todo caso, algunos servicios de acceso directo para aquellas cuestiones de emergencia que también quedan normativamente definidos (casos de violencia machista, urgencias sociales, etc.) así como excepciones en los accesos directamente a través de servicios de atención secundaria.

Las prestaciones económicas son elementos del sistema orientados a la autonomía de las personas y complementarias (que no sustitutivas) de las técnicas y tecnológicas. Son de varios tipos, pero simplificaremos su explicación en los siguientes puntos:

1. Prestaciones económicas destinadas a apoyar y compensar a las personas que ofrecen apoyo social informal. Son prestaciones individuales para la adquisición de prestaciones tecnológicas para facilitar el acceso a ayudas técnicas y aquellas prestaciones vinculadas a servicios personales destinadas a cubrir el no acceso al Sistema Vasco de Servicios Sociales.

2. Prestaciones económicas destinadas a facilitar la integración social y/o la autonomía de la ciudadanía.

- Prestaciones sujetas a disposición presupuestaria: Ayudas de Emergencia Social que son prestaciones puntuales y finalistas, es decir, para cubrir conceptos concretos. Son prestaciones de gestión municipal y, anualmente, se agota el presupuesto en la mayoría de los municipios sin cubrir la totalidad de las necesidades que deberían ser cubiertas.

- Prestaciones de derecho subjetivo: Renta de Garantía de Ingresos.

La Renta de Garantía de Ingresos (RGI), es una prestación económica de carácter periódico y, como se ha dicho de derecho subjetivo. Está dirigida a las personas integradas en una unidad de convivencia que no disponga de ingresos suficientes para hacer frente tanto a los gastos asociados a las necesidades básicas, como a los gastos derivados de procesos de inclusión laboral o social.

Esta prestación, puede ser para personas sin ningún tipo de ingresos o complementaria y para aquellas trabajadoras precarias que no llegan a unos mínimos con sus ingresos derivados de la relación laboral o de otro tipo de prestaciones, subsidios, etc.

Por otro lado, respecto a las políticas sociales de vivienda en la CAPV, estamos en otro momento de cambios al haberse aprobado recientemente la Ley 3/2015 de 18 de Junio, de Vivienda que apuesta por convertir en derecho subjetivo el acceso de las personas residentes de la CAPV, a una vivienda digna y adecuada. Esta ley pretende garantizar, mediante el acceso a una vivienda adaptada a las necesidades de las personas o prestación econó- mica sustitutiva en el caso en que la prestación de la vivienda no sea posible. Actualmente está muy en cuestión el nivel de protección real que proporciona puesto que elimina la Prestación Complementaria de Vivienda sin dar acceso a la nueva Prestación Económica de Vivienda al mismo perfil de personas que actualmente la cobran. Las alternativas a temas de vivienda se abordarán en la parte específica del Programa.

Además de esto, entendemos que es fundamental hacer aportaciones a la ley Vasca de Apoyo a la Familia, 13/12 del 2008, que tenía como objetivo establecer el marco y las bases para una política familiar integral, pero a la que los recursos económicos dedicados han dejado en una mera declaración de intenciones.

Nuestro sistema de protección social debe proteger a las personas y, entender la diversidad como una riqueza. En este sentido, es importante una mirada amplia, inclusiva que no deje a nadie atrás. En este ámbito, es fundamental prevenir la pobreza,  la violencia de género e intrafamiliar y fomentar la igualdad. No vamos a hacer una apuesta por eliminar la pobreza infantil, erradicar la pobreza energética o reforzar los programas de alimentación o repartos en especie porque, por un lado esos “apellidos” hacen que la pobreza parezca parcelada y por lo tanto, abordable sin atender a la integralidad. Por otro lado, entendemos que en Euskadi no es necesario reclamar pasos intermedios, ya que estamos en una situación social, econó- mica y legislativa que nos permite dar un paso más allá y luchar por la dignidad de las personas, por la erradicación de la pobreza. Creemos firmemente que es posible y viable si el reparto es más justo y equitativo.

Con todo esto, en Elkarrekin Podemos, apostamos por unas políticas y unos servicios de atención que pongan a las personas en el centro, con una mirada particularmente cautelosa en garantizar los ingresos y el bienestar de la ciudadanía, la igualdad de oportunidades de todas las personas, y un sistema facilitador de medidas para la conciliación laboral y los cuidados.

Sobre la base de trabajo en torno al derecho a la inclusión social, proponemos, por lo tanto, una batería de medidas orientadas a 2 ámbitos de acción diferenciados, coherentes con las propuestas que realizamos:

  • Sistema Vasco de Servicios Sociales

  • Políticas de Inclusión Social